“Chubut es pionera en la consagración de derechos sexuales y reproductivos”

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El senador nacional Alfredo Luenzo lleva adelante con su gestión el posicionamiento institucional de la provincia de Chubut respecto del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Así lo ratificó al ser consultado en el marco del debate que se está llevando adelante en el Senado de la Nación sobre el proyecto de ley que cuenta con media sanción.

“La provincia del Chubut es pionera en la consagración de derechos sexuales y reproductivos tanto en el área legislativa como en la jurisprudencia, que marcó tendencia nacional en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, explicó Luenzo.

En ese sentido expresó que “Chubut tiene una historia asociada a esta temática, un reconocimiento nacional en su abordaje y tratamiento, pero también una historia asociada al profundo respeto por los DERECHOS. Y la salud es un DERECHO HUMANO BÁSICO, sustentado por diversos principios y valores. El aborto es un problema de Salud Pública porque produce muertes y enfermedades, evitables en una población joven y sana. Es un problema de equidad de género porque sólo afecta a las mujeres, adultas y adolescentes”.

“La mayor tasa de complicación la padecen las mujeres pobres que acceden a la práctica en lugares inseguros. La evidencia internacional es muy sólida respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales”, continuó el legislador.

“El Derecho a la Salud es reconocido por tratados internacionales que nuestro país ha firmado, ratificado e ingresado a la legislación nacional con jerarquía constitucional. Los mismos son fundamentales a la hora de interpretar la prestación del servicio de Salud Pública. El Estado debe tener una postura inclusiva y de equidad ante esta realidad, y actuar en consecuencia, derribando las barreras económicas y sociales que hoy limitan el acceso a una práctica segura a la gran mayoría de las mujeres que soliciten una ILE”, aseguró.

Luenzo manifestó que en Chubut, “el procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue fijado por la Ley Provincial XV Número 14, y cuenta con una Guía Técnica mediante Resolución Ministerial desde el año 2010. En el año 2012, mediante el caso “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”, que se inició en los Tribunales de Chubut y terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se marcaron los lineamientos en esta materia, instando a todas las provincias a tomar las medidas que remuevan las barreras administrativas y fácticas para el acceso a los servicios médicos”.

“La interrupción legal del embarazo va más allá de ser una cuestión médica e involucra muchos aspectos de la vida de la persona, tales como la intimidad, la autodeterminación y un complejo de derechos ya reconocidos en diversas normativas nacionales, tales como las Leyes Nº 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la Nº 26.529, de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de Salud”, explicó el senador.

“El acceso hoy a un aborto en forma segura está determinado en la mayoría de los casos por la situación social y económica particular de cada mujer, ya que quien cuenta con recursos económicos accede a una forma segura de abortar en el medio privado, mientras que quienes no cuentan con dichos recursos deben recorrer el sistema público en busca de justificar dentro del marco de la ley el acceso a la práctica”, continuó.

En Chubut se aseguran los derechos de la persona en situación de ILE aplicando la Ley XV Número 14.

“Entendemos el Aborto Inseguro como una de las principales causas de morbilidad y muerte materna en nuestro país, que requiere respuesta desde Salud Pública e interpela a generar herramientas legales en pos del cuidado integral de la Salud de las Mujeres.

Las creencias personales, válidas desde lo individual, no son representativas desde lo colectivo y social. Con posturas restrictivas se da la espalda a una realidad cierta, acrecentando las barreras de accesibilidad socioeconómicas y culturales que existen, siendo justamente el deber del Poder Legislativo el representar y defender la garantía de los derechos de la población más vulnerable”, concluyó Luenzo.