Con el DNU en vigencia, avanza la etapa judicial contra los cirujanos denunciados

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A principios de setiembre la Fiscalía de Estado presentó en las distintas circunscripciones judiciales de Chubut denuncias contra ocho cirujanos del sistema público de salud, dos de ellos de esta ciudad, acusándolos de realizar operaciones en clínicas privadas en horarios en que debían cumplir servicios en los hospitales. La renuncia masiva fue la respuesta corporativa de los cirujanos, por lo que el gobernador emitió el viernes un decreto que suspende por 90 días toda dimisión. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal avanza en la esfera judicial con la investigación de la denuncia.

Las denuncias puntuales fueron presentadas contra los médicos Daniel Endrek y Enrique Klingler de Comodoro Rivadavia, dos médicos de Trelew, dos de Puerto Madryn, uno de Rawson y uno de Esquel. Se los imputa de practicar cirugías en sanatorios o clínicas privadas en horarios en los que deberían encontrarse desempeñando funciones en hospitales públicos.

En esta ciudad la presunta defraudación comprendería más de 400 cirugías efectuadas en clínicas privadas dentro del horario de trabajo para el sistema público y la denuncia de la Fiscalía de Estado que conduce Miguel Montoya incluso alega que la retención de servicios de 2014 se utilizó como “pantalla”.

Los delitos concretos que la justicia deberá investigar se encuadran en dos figuras jurídicas: “omisión de deberes de funcionario público” y “fraude cometido por abuso de confianza”, agravado por ser en perjuicio de una administración pública.

Es en ese marco que el Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación preparatoria que definirá si se formaliza la denuncia y avanza el juicio contra los médicos. En el caso de Endrek y Klingler se han presentado en la causa con su abogado defensor.

Mientras tanto, en toda la provincia se desarrollan medidas conjuntas que abarcaron el pedido de libros de cirugía y los antecedentes de cada médico denunciado en la esfera privada. Así, hoy llegará a Comodoro Rivadavia una fiscal de Rawson, que además de reunirse con el jefe de Fiscales de esta ciudad, Marcelo Crettón, también tomará declaración testimonial a personal de las clínicas privadas en que se desempeñan los profesionales denunciados.

Con apoyo Radical

Como se recordará, la presentación de la denuncia judicial redundó en la renuncia masiva de los cirujanos del sistema público de la provincia, junto a la declaración de zona de conflicto de la Asociación Argentina de Cirujanos, una medida destinada a que ningún otro profesional de la especialidad venga a radicarse en la provincia.

Fue en ese contexto que con fecha 2 de octubre, el gobernador emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Declara la emergencia el servicio de cirugía, un instrumento que suspende las renuncias por un período de 90 días o hasta tanto cada profesional pueda ser reemplazado.

Por tratarse de un DNU, el mismo se encuentra en vigencia plena, aunque la ratificación de la Legislatura lo convertiría en ley, eliminando o pudiendo extender las pautas de temporalidad fijadas por el Ejecutivo.

En ese marco, la titular del bloque oficialista de diputados, Argentina Martínez, ya había anticipado que el DNU tomará estado parlamentario en la sesión del martes que viene y sería llevado a recinto el jueves, donde su aprobación requiere una mayoría especial de 18 votos.

En tal sentido además del bloque del FpV, ya cuentan los dos votos radicales. José Luis Lizurume anticipó que va a votar a favor del DNU para el servicio de cirugía. “No hay valor más importante que preservar la vida y creo que este decreto está orientado a eso”, aseguró.

Lizurume consideró que seguramente no tendrá cuestionamientos de alguna naturaleza por su importancia para la prestación de servicios necesarios. Mientras, su compañero de bancada Roberto Risso votaría en idéntico sentido, según confirmó la misma Martínez ayer al señalar que el legislador radical comprometió su apoyo.

“Que determine el juez”

Martín Buzzi, en tanto, se refirió ayer al tema en su visita a Comodoro, cuando en diálogo con Radio del Mar reivindicó el accionar del Estado al indicar que “lo que hicimos es poner luz pública el hecho de que mientras cobraban por operar en el hospital público, se iban al privado. Lo llevamos a la justicia, denunciamos y que sea un juez neutral quien dictamine si es correcto o no, aunque ellos de manera corporativa decidieron presionar” indicó, en relación a la reacción médica.

El gobernador se refirió además al DNU, exponiendo que la respuesta fue garantizar las cirugías, y con el cual “ningún cirujano puede abandonar el servicio” mientras en simultáneo, un juez dictamina sobre el caso. “Yo no voy a polemizar ni opinar públicamente sobre esto, el que debe hablar es un juez neutral, porque hay que quitar las discusiones de los posicionamientos individuales, intervendrá un juez que nada tiene que ver con el ejecutivo ni con los cirujanos”, sostuvo Buzzi.

 

Fuente: Diario El Patagónico