Qué herramientas tienen los policías para canalizar demandas laborales

POLICIAS

La sindicalización de la Policía es un escenario resistido, desde hace años, por gobiernos provinciales y nacionales.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el año pasado un proyecto de ley que establece multas entre 12 mil a 750 mil pesos e inhabilitación de un mes a un año para policías que emprendan medidas de fuerza que atenten contra la seguridad. Al mismo tiempo, la ley prevé prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos para efectivos que, como consecuencia del abandono u omisión de tareas provoquen “daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros”, según reza el texto de la misma.

Derecho a defensa

En tal contexto, el jefe de la Unidad Regional Madryn, José de la Cruz Castillo, explica que “en Chubut hay referentes que se autoadjudican agrupaciones policiales como el SipolCh, pero es una idea que se va gestando y trabajando de a poco. A veces se piensa en forma personal en dicha cuestión, cuando ocurren situaciones de falta de beneficios o se vulneran derechos o bien, en situaciones actuales donde la policía es cuestionada por su accionar y en donde hay policías detenidos por causas judiciales, donde manifiestan que el derecho a su defensa les fue vulnerado. Ejemplos son el caso ‘Castaño’ o ‘Antillanca’. Son casos referentes que dan a pensar que es necesaria una herramienta”, explica el Comisario Mayor. La sentencia a cadena perpetua a tres policías sindicados como responsables de la muerte de Julián Antillanca, ocurrida en 2010, provocó encendidas marchas de empleados y funcionarios policiales de la provincia, quienes reclaman que sus derechos sean reconocidos, criticando a la Justicia de haber fallado contra los policías por la “presión social” alrededor del caso.

Cuestionado Consejo de Bienestar

Dicho organismo, actualmente en funcionamiento a partir de su reglamentación, “es una posibilidad que tenemos para manifestar nuestras inquietudes y, a partir de ello, reclamarle al gobierno algunas cuestiones de condiciones de salubridad dentro de la fuerza, de equipamiento, salariales, que es lo primordial en el empleado policial y una contención psicológica ante situaciones diversas que pueda atravesar el personal policial, porque es una fuerza que vive en constante estrés”, menciona Castillo. Sobre este último punto, el jefe de la Unidad Regional detalla que “nosotros atendemos los problemas de la gente y estos, sumados a los que el policía pueda tener en su vida personal siendo miembro y parte de la sociedad, hace que a veces ocurran situaciones no deseables dentro de la esfera familiar, lo cual también debe tener una contención. Cuando suceden hechos que afectan mucho al empleado policial, hacen que comience a reflotar la idea sobre cuál sería la herramienta para proteger nuestros derechos”.
Castillo afirma que actualmente, el Consejo de Bienestar Policial es una herramienta a disposición de las fuerzas policiales. “Alguno podrá pensar en la sindicalización de la policía, eso es algo que se ha vedado en el último tiempo y se continúa vedando, hay opiniones diferentes al respecto. En Buenos Aires, algunas fuerzas policiales están tratando el tema de diversas formas y no se ha logrado, por lo que se entiende que seguirán luchando en ese sentido. Pero llegará el momento en que tal vez esa cuestión sea una realidad. Hoy en día nosotros tenemos que utilizar esta herramienta que tenemos, la idea es que a futuro pueda ser más dinámica, se le pueden hacer algunas correcciones, siempre en el marco de la ley”, agrega el comisario.

Diálogo con el Ejecutivo

A partir de la creación y reglamentación del Consejo de Bienestar Policial, Castillo cuenta que el mismo “representa a cada una de las ciudades de la provincia. Se hizo una votación cuando se creó y se eligieron dos empleados subalternos por cada una de las jurisdicciones y un empleado por la parte de la oficialidad. Los mismos se reunirán con la superioridad y el gobierno, que también tiene implicancia en el Consejo a través de representantes de la Secretaría de Seguridad, de Salud y del Instituto de la Vivienda con el objetivo de cubrir todas las expectativas que involucran a las necesidades del personal policial”.
Castillo remarca que los jefes de la Unidad Regional participarán de las reuniones, “que seguramente serán en octubre, en las que cada representante volcará las cuestiones relacionadas con la problemática del empleado policial. Algunas están ya previstas, como la cuestión de la antigüedad, la modificación de la ley en cuanto a que las mujeres embarazadas ingresen a la ley provincial, alguna modificación en relación a la ley de reglamentos de las promociones policiales y cuestiones salariales, que siempre tienen su tiempo de estudio dentro del Consejo. Sabemos que la ley no es condicionante, lo que se tome de ese Consejo se transferirá al gobierno y el mismo lo tendrá en cuenta al momento de decidir políticas para la policía”, concluye el Comisario Mayor.

Sindicalización incompatible con la verticalidad

Entre las voces que se han manifestado en oposición a la sindicalización de los empleados policiales está la del actual Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien en cierta ocasión sostuvo que “las fuerzas policiales no poseen derecho a la huelga. Esto está prohibido por ley. Quienes ingresan a un cuerpo de seguridad saben que esas son las reglas del juego”. A su vez, funcionarios como el abogado del Ministerio de Trabajo, Norberto Ciaravino, manifestaron que “la sindicalización “es incompatible” con la estructura vertical de las fuerzas de seguridad”. En la misma sintonía, el Ministerio de Trabajo dejó asentado, en los considerandos de los rechazos, que “la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías”.
En cuanto a las posturas favorables a la creación de sindicatos policiales se encuentra el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, quien en declaraciones recientes sostuvo que “no se pueden construir policías democráticas con trabajadores explotados laboralmente” y agregó que “la clase política argentina tiene que dejar de postular que los conflictos laborales de los policías constituyen movidas desestabilizadoras o complots contra la democracia”. A su vez, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, expresó en un voto que dejó hecho y que la Corte no trató, que “la verticalidad no se afecta por la sindicalización: la sanidad está sindicalizada y no por eso los hospitales son un caos ni los enfermeros incumplen las órdenes de los médicos”.

 

Fuente: El Diario De Madryn