La Corte Suprema debe resolver sobre la legalidad del sindicato policial

policias del chubut

La discusión por las condiciones actuales de atención psicológica que reciben los policías volvió a generar controversias tras del suicidio del efectivo, ocurrido a fines de agosto.

Las tareas a las que los efectivos están sujetos diariamente pueden provocar tensión y agobio, no sólo por los riesgos que implica el resguardo de la seguridad, sino también en muchas ocasiones por el marco de trabajo en el que los policías no siempre cuentan con los mismos derechos laborales que el resto de los trabajadores.
Actualmente, el orden impera sobre la razón y el profesionalismo y los policías no disponen de una estructura en donde poder canalizar las inquietudes que su espacio de trabajo puede generar.
En 2014, el ex jefe de la Policía de Chubut Juan Luis Ale presentó un proyecto de Ley de Representación Policial en la legislatura de la provincia, para autorizar a los agentes a poder elegir delegados que los representen ante el Poder Ejecutivo en el marco de reclamos como la discusión salarial y la atención integral de las condiciones de trabajo. El mismo fue sancionado por la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió por vetar la norma, que no implicaba un encuadramiento en el orden sindical sino una plataforma para que los agentes de la ley plantearan sus demandas relacionadas con salarios y condiciones laborales.
Actualmente, el Sindicato Policial del Chubut (SiPolCh), impulsado por el entonces policía Carlos Michia, se encuentra en una instancia en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver si avala su legalidad, en el marco de una problemática cada vez más frecuente, como lo es las deficientes condiciones de trabajo de muchos efectivos en todo el país.
En América Latina, la presencia de sindicatos policiales es casi inexistente y, a diferencia de Colombia y Argentina, donde un empleado de dicha fuerza cobra entre 800 y 1000 dólares mensuales en promedio, países como Honduras y Bolivia registran los peores ingresos, en el orden de los 100 dólares por mes.

Verticalismo y subordinación

En su artículo 93, el último informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del organismo establece que “en cuanto los derechos del personal de las fuerzas policiales, es imprescindible referirse al ejercicio de la libertad sindical” y que “los Estados Miembros deben garantizar al personal que integra las fuerzas policiales derecho de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. El ejercicio de la libertad sindical por parte de funcionarios policiales debe desarrollarse manteniendo una ponderación permanente con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros respecto a toda la población bajo su jurisdicción en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
El artículo a su vez afirma que “el personal policial deberá contar con las mayores facilidades para asistir a actividades de actualización profesional, así como para continuar y profundizar su nivel educativo, en los términos compatibles con la prestación del servicio. Es necesario, como requisito para orientar adecuadamente las actividades de formación y especialización, que las autoridades responsables evalúen periódicamente los conocimientos profesionales del personal de las fuerzas policiales”.

Cobertura psicológica

En este contexto, Michia, quien fue exonerado de la Policía debido a su actividad gremial, explica que “hace más de diez años que estamos luchando por la sindicalización de los policías. En países como Chile y Uruguay se respetan los derechos sindicales. Este último país, a pesar de ser más pobre y con menos población que el nuestro, está mucho más avanzado en este sentido, hay más cobertura psicológica y respeto por los derechos de los agentes policiales. En Argentina, el policía no tiene derechos, es discriminado y abusado por los poderes de turno. Independientemente del color político, el poder usa a la Policía para sus intereses y no para las necesidades reales del pueblo”.
A pesar de que en el ordenamiento jurídico argentino no existe una legislación que prohíba la sindicalización de los trabajadores policiales, la misma parecería ser resistida por el Poder Ejecutivo, tanto en el orden provincial como así también en el nacional. Las sociedades, como así también las instituciones han evolucionado con el pasar de los años, lo cual traduce en la negativa de los poderes a crear un espacio que responda a las demandas laborales de quienes deben preservar la seguridad y, hoy en día, no poseen mayor incentivo que la propia vocación de preservar el orden social.

 

Fuente: El Diario De Madryn